AlegríaLa expresión “mi prometido” o “mi prometida”, alude claramente a una institución que, aunque a día de hoy quede un tanto trasnochada, en tiempos pasados tuvo gran arraigo y fuerza, a saber la “promesa de matrimonio”, “esponsales” o “compromiso matrimonial”. No obstante, aunque como digo, puede que hoy no tenga ni la mitad de la relevancia que antaño, sin embargo, no puede descartarse completamente desde una doble perspectiva: civil y penal.

 Efectivamente, la promesa de matrimonio tiene regulación propia en los arts. 42 y 43 del Código Civil, y se trata de un acto preparatorio del derecho de familia, por el que se genera el compromiso a contraer matrimonio. La promesa de matrimonio no exige formalidad, por lo que no es necesario decir nada especial, ni tampoco tiene que constar por escrito, y mucho menos en escritura pública, (cosa distinta será la dificultad de prueba que en su caso pueda surgir para acreditar que se realizó dicha promesa de matrimonio, si ésta no consta en ningún sitio. En cualquier caso, la promesa de matrimonio puede probarse por cualquier medio que sea admitido en derecho,- testificales, grabaciones de voz o vídeo si reúnen los requisitos legales, etc-). Ahora bien, no se trata de un contrato, y no genera una obligación de contraer el matrimonio, por lo que puede incumplirse sin más consecuencias que la de una posible obligación de resarcir al perjudicado por los gastos que se hayan podido generar del proyecto de matrimonio frustrado. El incumplimiento de la promesa de matrimonio, tampoco puede dar lugar a ningún tipo de indemnización, (por ejemplo, por los daños morales o psicológicos que la parte perjudicada pueda sufrir), más allá del resarcimiento por los gastos que he dicho antes. Finalmente, si se hubiera pactado algún tipo de obligación o contraprestación de cualquier naturaleza, (por ejemplo punitiva, a modo de castigo), para el caso de incumplimiento, tampoco habrá de darse ni cumplirse. En pocas palabras, tal y como expresan los arts. 42 y 43 del Código Civil, la única consecuencia que puede generar el incumplimiento de la promesa de matrimonio es el resarcimiento de los gastos. Ya está. La acción para reclamar este resarcimiento por los gastos, tiene un plazo de un año para ejercitarse, y se trata de un plazo de caducidad y no de prescripción, lo que quiere decir que no se interrumpe por una reclamación y vuelve a comenzar otra vez, sino que hay un año total para reclamar, sin que empiece a contar otra vez el plazo por ninguna circunstancia.

 

El motivo de lo anterior es que para que el matrimonio sea válido tiene que existir consentimiento libre, y lo que es más, si no fuera así, el matrimonio sería nulo. Pues bien, si una persona se casara, no de manera libre, sino por obligación, aunque ésta haya sido asumida libremente en algún momento anterior, el consentimiento no sería válido. El que no se pueda reclamar indemnización por daños morales o psicológicos es, porque en tal caso estaríamos en las mismas, la persona se casaría coaccionada por las consecuencias del incumplimiento y no de manera libre. El que sí que haya de resarcir por los gastos en que se haya podido incurrir es por un motivo de justicia, para evitar un empobrecimiento injusto de la parte cumplidora. Una cosa es que no pueda obligarse al matrimonio, ya sea de manera directa o indirecta, y otra bien distinta es que los daños económicos los asuma la parte “inocente”, y de ahí que el incumplimiento que justifica la obligación de resarcir sea el incumplimiento sin causa, porque si existe una causa legítima, en principio, no tendría que existir dicha obligación de resarcir, (gastos incurridos en el traslado donde se iba a celebrar el matrimonio, los invertidos en el banquete, etc).

 

Por otra parte, para que la promesa de matrimonio tenga efectos, aunque sea los de resarcimiento, tiene que ser una promesa seria, inequívoca y creíble, y no una mera afirmación en un contexto de humor, o sin la verdadera intención de comprometerse. Por ello, alguna sentencia ha llegado a afirmar que para valorar esto hay que tener en cuenta cuánto se conocen las personas comprometidas, si existe una relación previa… ya que no es posible creer de manera seria que exista una promesa de matrimonio entre quienes no se conocen apenas, o no han actuado como quien se siente comprometido con otro, (por ej. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 16 de Septiembre de 2.010 o la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid de 16 de Abril de 2.008). A esto es a lo se llama la necesidad de existencia de una base relacional mínima.

 

Al margen de todo lo anterior, no puedo dejar pasar la oportunidad de advertir sobre la promesa de matrimonio y el delito de estafa, ya que todo lo anteriormente expuesto es independiente de que quien promete matrimonio, sin intención de contraerlo, como medio idóneo para inducir al error a su “pareja”, con el único objetivo de obtener un beneficio económico injusto e ilegítimo, en detrimento económico y patrimonial de la otra persona, pueda incurrir en un delito de estafa, penado con pena de cárcel, (ejemplo, ver aquí) .

 

Así pues, ten cuidad si prometes matrimonio, porque aunque no estarás obligado a casarte si decides incumplir tu promesa sin causa, sí que puede dolerte el bolsillo.

 

David Tierno García.

Abogado.

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